En la Cámara de Diputados votamos a favor y aprobamos declarar de interés nacional la explotación del Litio. Eso es lo primero que hay que decir.

El proyecto de ley en cuestión tiene sólo dos artículos. El primero, que aprobamos con el voto en contra de los parlamentarios del gobierno, es el que declara de interés nacional la explotación del litio, el que votamos a favor porque es plenamente consistente con nuestro actual ordenamiento jurídico que viene del año 1979, que estableció que el litio no puede entregarse en concesión, por exigirlo el interés nacional. De ahí que lo que hace el Estado es otorgar contratos de operación o contratos de arrendamiento.

¿Y por qué rechazamos el artículo 2 de este proyecto, que no afectaba a SQM? No sólo por los vicios que tenía respecto a la constitucionalidad para lo que pretendía ser una ley expropiatoria, sino porque que el único afectado resultaba ser la empresa estatal Codelco. El artículo hacía referencia a contratos de operación del Litio, pero SQM no tiene contratos de operación, sino de arrendamiento o contratos innominados, algunos previos al año 1979 cuando se declaró que litio no es concesible. El único contrato de operación para el Litio en nuestro país es de una filial de Codelco en Salar de Maripunga.

Así, aprobar el segundo artículo de esta ley, como se proponía, significaba afectar negativamente a una empresa del Estado como Codelco, que hoy está intentando hacer lo que todos hemos pedido por años: Dar valor agregado al litio, producir baterías y estamos en conversaciones cómo país -a través de Codelco y el Ministerio de Minería- con empresas alemanas para dar mayor valor a lo que está explotando esta empresa del Estado. 

En aspectos más técnicos, el artículo en cuestión, no cumplía requisitos establecidos en la constitución para una ley expropiatoria, a grado tal que el propio autor tuvo que decir que su proyecto no pretendía expropiar. En todo caso, si alguien quiere expropiar los derechos de empresas, discutámoslo; pero en el caso del Litio es deber considerar que son 20 mil millones de dólares que el Estado debiera pagarles por indemnización.

Yo me alegro que el Estado esté por fin explotando el litio y por lo mismo votamos a favor de que  esto sea de interés nacional. Y por ese mismo argumento votamos en contra el artículo que al único que afectaba era precisamente a Codelco, la empresa estatal que hoy está preocupada de dar valor agregado al litio chileno.

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