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La iniciativa, aprobada por 126 votos a favor y dos abstenciones, obliga a establecimientos educacionales a aceptar los textos validados por el Mineduc, insta al Estado a propender al aumento gradual de la entrega gratuita de útiles escolares y establece multas para quienes infrinjan la norma.

La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que prohíbe a establecimientos educacionales la compra de útiles o textos escolares de una determinada marca o editorial. La iniciativa, aprobada por 126 votos a favor y dos abstenciones, también impide condicionar la matrícula de los estudiantes a esta compra.

El texto extiende la determinación a la adquisición de útiles de aseo y artículos de oficina y establece que, excepcionalmente, los recintos de educación parvularia podrán recibir pañales y otros elementos de aseo personal,  además de poder recomendar sobre determinados productos, siempre y cuando se indiquen fundamentos pedagógicos acreditables para ello.

En la misma línea, el proyecto señala que el Estado propenderá al aumento gradual en la entrega gratuita de útiles escolares para las y los estudiantes del sistema educacional, de acuerdo a sus niveles y necesidades.

Con la nueva normativa, los establecimientos educacionales particulares estarán obligados, en todo momento, a aceptar el uso de textos validados por el Ministerio de Educación. Además, aquellas instituciones que opten por no utilizar los textos que otorga el Estado, deberán informar anualmente a padres, madres y apoderados, y al centro de estudiantes, los motivos pedagógicos que sustentan la decisión y, en ningún caso podrán exigir versiones actualizadas de textos o su formato material. Dicha comunicación deberá ser remitida por el sostenedor y firmada por el director a la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Educación respectiva.

La iniciativa establece sanciones a través de multas que van desde las 25 a las 75 UTM por cada estudiante afectado, pudiendo además duplicarse, en caso de reincidencia sobre la infracción y se tramitarán a través de la Superintendencia de Educación.

“TERMINAR CON EL ABUSO”

El diputado por la Región de Coquimbo, e integrante de la Comisión de Educación, Juan Manuel Fuenzalida, destacó el apoyo mayoritario de los parlamentarios para aprobar esta medida, la que, a juicio del legislador, “permitirá terminar de una vez por todas con el abuso que significa comprar determinados libros, toda vez que tienen el mismo contenido que los entregados por el Mineduc”.

Fuenzalida indicó que esta normativa se viene persiguiendo “desde hace años” por lo que su avance en el Congreso es “más que oportuno y prudente”. El diputado hizo hincapié en “las condiciones económicas por las que atraviesan las familias” debido a la crisis y apuntó al “negocio de las editoriales para exprimirle más el bolsillo” a quienes buscan, con mucho esfuerzo, “darle la mejor educación posible a sus hijos”.

“Ya tener a los hijos en determinados colegios particulares, resulta bastante oneroso. Por ello, hay que decir basta al abuso que significa comprar el texto de una determinada editorial, o que deban también comprar artículos de escritorio de marcas determinadas. Los textos escolares del Mineduc tienen el mismo contenido y el lápiz grafito de la marca A, escribe igual de bien que el de la marca Z, como así también el cuádrelo de una u otra marca, sirven de la misma manera, no hay mayor diferencia”, sostuvo el legislador.

COMPRA DE UNIFORMES 

Consultado por la posibilidad de que no se exija la compra de uniformes para el presente año escolar, el diputado Fuenzalida dijo que “es una medida que por cierto se debe estudiar”, pero en términos generales la valoró, considerando la incertidumbre por la presencialidad en tiempos de pandemia y también por el gasto que significan.

“No tiene mayor sentido hacer gastar dinero a las familias por uniformes que no van a utilizar en el año escolar, primero porque no tenemos certeza cuándo los establecimientos educacionales podrán recibir a sus alumnos y alumnas, y, en segundo lugar, porque las condiciones económicas de miles de familias hacen que comprar el uniforme, les signifique gastar recursos que pueden ser destinados para otras cosas más importantes en este momento”, indicó.

 

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