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Efe
Los fiscales miembros del consejo negaron la existencia de presos políticos y afirmaron que la iniciativa legislativa, presentada la semana pasada por un grupo de parlamentarios opositores de izquierda, podría constituir una "gravísima señal para la convivencia social".

El Consejo de Fiscales de Chile mostró este martes su rechazo hacia el proyecto de ley presentado por parlamentarios de la oposición que busca indultar a quienes cometieron delitos durante la ola de protestas iniciada en octubre de 2019, la más grave desde el retorno a la democracia.

"Las personas sometidas a la acción de los Tribunales de Justicia de Chile no están en esta condición por su pensamiento o por sus opiniones, sino por actos que son constitutivos de delito", afirmó el máximo órgano del Ministerio Público en un comunicado.

Los fiscales miembros del consejo negaron la existencia de presos políticos y afirmaron que la iniciativa legislativa, presentada la semana pasada por un grupo de parlamentarios opositores de izquierda y centro-izquierda, podría constituir una "gravísima señal para la convivencia social".

"Las actuaciones de la Fiscalía de Chile se enmarcan en el mandato institucional que le otorgan la Constitución y las leyes, y sus fiscales ejercen sus labores con autonomía y estricto apego a la legalidad", aseveró el escrito.

El veto

El presidente Sebastián Piñera también mostró el lunes su rechazo hacia el proyecto en una declaración pública y aseguró que "atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho".

"En una democracia, todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente. Sin embargo, quienes cometen delitos deben ser investigados por la Fiscalía", afirmó.

La crisis social más grave

Chile vivió a finales del año pasado la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en un clamor por un modelo socioeconómico más justo.

Las revueltas causaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, graves señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad y episodios de violencia extrema con incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público.

Según datos del Ministerio Público, hasta el pasado octubre la Fiscalía investigó a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos durante las protestas, 648 de los cuales se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados.

Los parlamentarios que impulsaron la iniciativa reconocen que las faltas por las que se detuvieron a muchas personas son punibles, pero aseguran que algunas se cometieron en el marco de "una respuesta estatal desproporcionada, seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales".

"Este proyecto se basa en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos y se adecúa a los estándares internacionales", defendió la diputada opositora Carmen Hertz, del Partido Comunista.

Abuso de medidas cautelares

Además, la iniciativa denuncia un abuso desmedido de las medidas cautelares, pues hay detenidos que llevan más de un año en prisión preventiva sin haber sido aún sometidos a juicio.

El proyecto de indulto ha sido puesto en duda también por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien afirmó que una amnistía para los presos sería una medida "injustificable e inconveniente".

 

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