• El abogado defiende a las víctimas de la Caravana de la Muerte en La Serena, y también en otras partes del país.
Crédito fotografía: 
Andrea Cantillanes
A días de que se cumplan 46 años del asesinato de 15 personas en el por entonces Regimiento Arica de La Serena, el 16 de octubre de 1973, el profesional insiste en que no existe una voluntad de los acusados de pagar por sus acciones, ni mucho menos arrepentimiento, prefiriendo la muerte “antes que confesar sus crímenes”.

La próxima semana se cumplen 46 años del paso de la Caravana de la Muerte por La Serena, la que dejó un saldo de 15 víctimas fatales. La causa aún no está cerrada. Pese a que ya se dictó una sentencia que condenó. entre otros, al excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheyre como encubridor de los crímenes, ambas partes apelaron y tras presentar nuevas pruebas se está a la espera de una citación del juez Mario Carroza y de una nueva resolución.

-Nada está zanjado…

“No, porque la causa sigue en la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que tras el fallo que condenó a ex militares, las partes apelaron y ahora se tiene que esperar para conocer la sentencia de segunda instancia”.

-¿Cuál fue el fallo de primera instancia?

“Bueno, fueron condenados más de una decena de agentes, como autores cómplices o encubridores respectivamente por el homicidio calificado de las 15 víctimas al interior del regimiento serenense. Dentro de esta lista están, Aristo Lapostol y Juan Emilio Cheyre, por cierto como los que mayor rango”.

-¿Qué argumento esgrimieron, Juan Emilio Cheyre y los demás para apelar a la condena?

“Cada parte elaboró sus propios argumentos. Por nuestra parte señalamos y mostramos los medios de prueba que dan cuenta que el señor Cheyre tiene la participación de autor, no encubridor. Porque autor no es sólo  quien asesina de mano propia, bajo esa lógica significaría que Manuel Contreras nunca podía haber sido por secuestros calificados. El señor Cheyre era el jefe del área de inteligencia, de él dependía el destino de los prisioneros”.

-¿Por qué si las pruebas son tan concluyentes, según usted, se siguen negando los hechos?

“Bueno, dentro de nuestro país todos tenemos derecho a un justo y debido proceso y eso implica que los inculpados, que los imputados, que los delincuentes, tienen el derecho a guardar silencio y no decir la verdad y el señor Cheyre ha hecho uso de manera concienzuda de este derecho”.

-¿Qué pasa cuando los protagonistas de esta historia aducen demencia y este tipo de cosas? Como lo ha hecho Ariosto Lapostol…

“En particular, se demostró que cuando se presentó un informe sobre la salud mental de Ariosto Lapostol, era falso, o más que falso, no representaba la realidad. Esto respecto a Ariosto Lapostol, respecto a Cheyre, cuando él solicitó la libertad, su defensa manifestó que tenía graves problemas cardiacos, a pesar de que hasta hace poco trabajaba en el Servel, en la Universidad Católica, entonces claro, vistos o puestos en el Banquillo de los acusados todos se enferman o empiezan a enloquecer”.

-¿Cuál es la situación de Cheyre en la actualidad?

“En lo personal, lo desconozco, en lo procesal, está condenado y tiene que ir a firmar una vez al mes al tribunal. Él está condenado en el caso Caravana de la Muerte y procesado como autor de torturas de varios prisioneros y prisioneras políticas en distintos momentos en el recinto castrense de La Serena. En este caso, él ni siquiera apeló al procesamiento”.

-Pero en concreto está cumpliendo su pena en libertad…

“Sí, claro, está en libertad, a la espera de que se dicte la resolución definitiva y la respectiva sentencia”.

-¿Cómo se logra “hacer justicia” en tantos casos en que los involucrados se van muriendo con el paso del tiempo?

“Bueno, eso es lo que se llama impunidad bilógica. Es decir, que la muerte alcanza a los agentes, a no pocos testigos, familiares de las víctimas y ese es un problema con el que nos enfrentamos a diario y esto es en gran medida responsabilidad del sistema, del Estado, que ha generado las condiciones de impunidad por ya demasiados años, a través de instituciones como el ejército, defendiendo y colaborando con criminales, y por lo tanto, entrabando la acción de la justicia”.

-¿Qué le parece que en los últimos días la gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad esté solicitando la libertad condicional?

“Bueno, como dice el dicho, ‘en pedir no hay engaño’, el tema es que si como sociedad estamos dispuestos a aceptar lo que nos dicen los criminales. Es decir, si en un sector, los narcotraficantes se apoderan de una o dos cuadras y eso significa que el Estado no debe hacer cumplir las leyes, es exactamente lo mismo”.

-¿Pero no tienen el derecho como cualquier preso?

“Sus derechos no han sido vulnerados en lo más mínimo. Eso ni siquiera lo están alegando”.

-Me refiero al derecho a pedir la libertad condicional…

“Por eso, en pedir no hay engaño. El tema es que hay normativa nacional e internacional que ellos deben acatar. Están en una cárcel de privilegio y dicen que se les debe aplicar la ley común, pero, ¿están en cárcel común?, ¿están en régimen penitenciario común? Claramente no, y esto por décadas. Ellos han gozado de beneficios de los que el delincuente común no gozaba, el delincuente cuando entra a prisión, el Estado no les paga pensiones millonarias, a ellos sí”.

-Para finalizar, ¿qué es lo que se viene en lo judicial?

“La etapa que se viene es que se llame a alegar a las partes a estrado, esto es un poco como lo que vemos actualmente en televisión. Van a haber tres ministros que van escuchando un relato, y las alegaciones de las partes. Yo no tengo ninguna duda de que las partes involucradas van a dilatar como siempre, se van a hacer los enfermos, van a alegar locura o demencia. Salvo honrosas excepciones, siempre recurren a esas tácticas, para llegar a lo que comentábamos recién: La aspiración de los responsables es morir sin ser condenados”.

 

 

 

 

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