• Juan Manuel Fuenzalida, diputado (UDI) por la Región de Coquimbo: “El país hoy día no es lo mismo que era hace un tiempo atrás y la legislación debe ser el reflejo de aquello. Tenemos que tener normativas que eviten situaciones como la ocurrida en Coquimbo y por eso soy partidario de que el control preventivo a menores de 14 años tiene que empezar a regir”.
  • ZONA DE DEBATE 2: Matías Walker, diputado (DC) por la Región de Coquimbo: “Ningún control de identidad habría ayudado a prevenir este terrible crimen, los colegios tienen la facultad de registrar los bolsos de los alumnos, y no debiese ser labor de Carabineros tener que hacerlo a la entrada de los establecimientos”.
  • Yasna Rojas, jefa de Estudios de la Defensoría Regional: “Los cambios que se pretenden atentan gravemente contra los derechos de los niños y las estadísticas que nosotros manejamos desde el 2013 en adelante indican que las causas que involucran a los adolescentes han disminuido”.
  • Manuel Escobar, sociólogo: “El problema de la violencia y los delitos cometidos por adolescentes apuntan a las políticas de infancia ineficientes que existen en este país. El problema no se soluciona metiendo a más jóvenes a la cárcel, por lo que a mí esto más que efectivo me parece efectista”.
  • Claudio Oyarzún, seremi de Educación: “Si el liceo no se enteró y no tuvo posibilidad de activar alguno de sus protocolos de prevención, entonces no hay mucho que hacer. Cabe mencionar que ahora se está trabajando establecer aquello y se le está realizando un sumario administrativo al establecimiento, por lo que se ha suspendido al director”.
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El Día
El debate vuelve a escalar a nivel parlamentario y desde el oficialismo aseguran que los cambios en la ley para bajar el rango etario hasta los 14 años, es urgente. En tanto, sectores del congreso como también desde la sociedad civil aseguran que la medida es “más efectista que efectiva” y que el problema de la violencia no se soluciona con la fuerza, sino con políticas sociales.

El pasado jueves fue uno de los días más trágicos para la comuna de Coquimbo. Cuando eran pasadas las 13:00 horas y los estudiantes del Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta acababan de salir de clases, una riña muy cerca del establecimiento acabó con la vida de uno de los involucrados, el menor Sebastián Rojas (16) quien cursaba segundo medio. ¿El autor? Un compañero de primer año identificado con las iniciales D. L. R (15) con quien además mantenía una amistad ya que vivían en el mismo sector de San Juan, en la comuna puerto.

La masiva concurrencia al funeral de Sebastián dio cuenta del impacto que generó su muerte, mientras que la investigación en torno al caso, todavía se encuentra en fase de recopilación de pruebas, tal como lo consignó el subprefecto Cristián Lobos, Jefe de La Brigada de Homicidios de la PDI, a cinco días del trágico episodio. “Estamos realizando las diligencias investigativas, entrevistando a compañeros y también al círculo familiar de la víctima. Lo mismo con los familiares del imputado, para esclarecer el móvil que llevó a que esto ocurriera”, sostuvo.

Estamos realizando las diligencias investigativas, entrevistando a compañeros y también al círculo familiar de la víctima. Lo mismo con los familiares del imputado, para esclarecer el móvil que llevó a que esto ocurriera”, Cristian Lobos, Jefe de la Brigada de Homicidios.

La discusión que se instala

Pero, más allá  de lo policial, la discusión sobre las modificaciones al control de identidad preventivo se instaló una vez más. La normativa, que se encuentra vigente desde el 2016, faculta a Carabineros para efectuar controles de manera aleatoria a cualquier individuo mayor de 18 años, a riesgo de ser retenido de no portar algún documento que acredite su identificación, pero a fines de febrero, el Ministro del Interior Andrés Chadwick, anunció que el Gobierno estudia realizar cambios a la controversial ley, disminuyendo la edad límite a 14 ó 16 años, según se resuelva, y ampliando las atribuciones policiales, permitiendo que no sólo puedan solicitar la cédula de identidad, sino también registrar vestimenta y accesorios de los sujetos de control.

Para muchos, y particularmente tras lo ocurrido en Coquimbo, las modificaciones planteadas por el ejecutivo se hacen urgentes, sobre todo por la falta de protocolos en los colegios ante situaciones de violencia y porque el menor portaba el arma homicida al interior de su mochila. Hechos que sirven como argumento a quienes postulan la necesidad de permitir el registro de bolsos e incluir a los menores de edad ya que no estarían exentos de cometer terribles delitos.

Comunidad muestra amplio respaldo

Para conocer la opinión de la gente, Diario El Día realizó una encuesta a través de su página de Facebook (ver infografía) y al cierre de esta edición, con 1349 votos los usuarios se manifestaron en un 90% favorables a realizar las modificaciones para  ampliar el rango etario del control y abarcar a los menores de edad.

Esta encuesta fue realizada a través de la plataforma de Facebook de diario El Día, en la cual participaron al cierre de la edición del martes. un total de 1.350 personas.

Algo que no le sorprende para nada al diputado (UDI) por la Región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida quien desde un principio se ha mostrado partidario de los cambios en la normativa y cree que el crimen del menor en la comuna puerto no hace más que ratificar su teoría de que “los adolescentes todavía están convencidos de que pueden actuar en la impunidad”.

El parlamentario enfatiza en que no sólo se hace urgente volver a legislar para “endurecer el control de identidad” sino que también rebajar la imputabilidad penal, que en la actualidad parte  a los 14 años, hasta los 12 y 13 años. De hecho, junto a un grupo de parlamentarios presentaron un proyecto en esa línea en el congreso, el cual fue desestimado por el Ministro de Justicia Hernán Larraín. Sin embargo, Fuenzalida insiste en que no se puede hacer vista gorda a las situaciones de violencia, y que las leyes deben adecuarse a las necesidades de las personas. “El país hoy día no es lo mismo que era hace un tiempo atrás y la legislación debe ser el reflejo de aquello. Tenemos que tener normativas que eviten situaciones como la ocurrida en Coquimbo y por eso soy partidario de que el control preventivo a menores de 14 años es algo que tiene que empezar a regir, para por lo menos prevenir ciertas situaciones”, expresó el parlamentario, quien agregó que quienes se oponen, simplemente “no conocen la realidad de lo que ocurre en algunas poblaciones de Chile, y en muchos lugares donde la gente vive con miedo”.

14 años, es la edad desde la que se pretenden realizar controles preventivos de identidad. Idea que ha cobrado fuerza a nivel regional.

La otra mirada

“Nada tiene que ver el horrible asesinato del adolescente con el proyecto del Gobierno”, indicó categórico el diputado (DC) Matías Walker, quien si bien en el 2016 apoyó la implementación del control preventivo el 2016, desaprueba de manera tajante que se incorpore a los menores, y sobre todo, que se vincule el reciente hecho con la ley, ya que según dice, en este caso evidentemente existía claridad respecto de quién era el sujeto involucrado en el homicidio “y ningún control de identidad habría ayudado a prevenir este terrible crimen”, señaló.

Además, agregó que una medida de esta naturaleza iría en contra de lo que señalan los organismos internacionales como Unicef, donde se precisa que este tipo de controles no son efectivos.

Respecto a si el control de identidad, al menos en lo que se refiere al porte de armas en las mochilas de los estudiantes, como se dio en este caso, pudiese evitar situaciones de riesgo, Walker insistió en que, “los colegios tienen la facultad de registrar los bolsos de los alumnos, y no debiese ser labor de Carabineros tener que hacerlo a la entrada de los establecimientos”, aseguró.

Férreos detractores

Desde la Defensoría penal Pública se han opuesto a la normativa desde siempre. En el mes de marzo, cuando se comenzó a hablar de las modificaciones a la ley, manifestaron que ni siquiera había sido efectiva desde su puesta en marcha el 2016, y que continuaba siento más útil el control investigativo que establece el código procesal penal, en el artículo 85, en el que la policía puede fiscalizar a una persona cuando existan indicios de que se ha cometido un delito.  

Y mucho menos avalan los cambios, ya que “atentan gravemente contra los derechos de los niños y las estadísticas que nosotros manejamos desde el 2013 en adelante indican que las causas que involucran a los adolescentes han disminuido”, según señala Yasna Rojas, Jefa de Estudios de la Defensoría Regional.

En ese sentido enfatiza en que las modificaciones no se justifican, mucho menos por un caso en particular que no obedece a la generalidad. “Lo que aquí hace falta es un control familiar, un control del mismo colegio, pero venir a tener un control preventivo a menores por un caso en particular no se justifica, por muy lamentable que sea”, indicó.

3 años cumplirá en el mes de junio desde su puesta en marcha el control de identidad preventivo, el que ahora se pretende aplicar a menores.

Una medida “populista”

El sociólogo Manuel Escobar, señal de entrada que, de acuerdo a los estudios que ha realizado sobre el tema, el impacto real que tienen medidas como el control de identidad preventivo, sobre todo aplicado a menores, es muy relativo. “En el caso de menores de 14 años, el efecto que podría tener es muy menor porque existe todo un contexto social detrás de las acciones que puede cometer una persona de esta edad”, indicó.

Para el profesional, el hecho de modificar la ley, tiene mucho de “populista” ya que quienes apoyan estas mociones se aprovecharían de la sensación de inseguridad de la gente, que es real, para obtener aprobación, “pero no aseguran ningún tipo de resultado, porque aquí el problema de la violencia y los delitos cometidos por adolescentes apuntan a las políticas de infancia ineficientes que existen en este país. El problema no se soluciona metiendo a más jóvenes a la cárcel, por lo que a mí esto más que efectivo me parece efectista”, concluyó Escobar. 4601iR

Situación del Liceo Industrial

Según manifestó el Seremi de Educación Claudio Oyarzún, la situación del Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta es compleja porque, por ejemplo, si en alguna instancia se informó o se supo de que en algún espacio del establecimiento estos alumnos comenzaron una riña y quedaron comprometidos con enfrentarse  afuera, “si el establecimiento supo eso, pudo haber evitado el lamentable hecho. Pero si el liceo no se enteró y no tuvo posibilidad de activar alguno de sus protocolos de prevención, entonces no hay mucho que hacer. Cabe mencionar que ahora se está trabajando establecer aquello y se le está realizando un sumario administrativo al establecimiento, por lo que se ha suspendido al director”.

 

 

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